“Mucha agua pasó bajo el puente, y hoy el grupo estaría dando vuelta la página de su convulsionada incursión en Perú. La compañía concretó recientemente la venta de los terrenos y el edificio de la ex planta de Lucchetti en el país vecino”, dice el diario chileno.
Señaló que el problema de la empresa del grupo Luksic en Perú se inició en 1998, cuando el alcalde de Lima, Alberto Andrade, quien fuera el mayor opositor de los Luksic, pidió revocar las autorizaciones con que contaba el grupo para construir su moderna planta de fideos, alegando daño ambiental en la zona de Pantanos de Villa.
Posteriormente, tres directivos de la empresa enfrentaron un proceso vinculado a tráfico de influencias, iniciado en 2001 por supuestos favores judiciales solicitados a Vladimiro Montecinos. Cinco años después, la justicia peruana decretó la prescripción del caso.
Después de su salida de Perú, el grupo demandó al Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), debido a los perjuicios generados por el cierre de la planta.
Sin embargo, y en paralelo a la venta de la planta -en una cifra que no fue revelada-, el grupo Luksic dio término a su intención de lograr una indemnización por 150 millones de dólares.
La causa internacional de Lucchetti había sufrido un duro revés en septiembre de 2007, cuando se oficializó la decisión del Ciadi -organismo de arbitrajes vinculado al Banco Mundial- de reafirmar que la demanda interpuesta por el grupo Luksic carecía de legitimación para acceder a este foro internacional.
Ello, al acoger el argumento del Estado peruano de que en el año de origen del conflicto (1998) no estaba protegido por el Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones, que comenzó a operar en 2001.
“El grupo había comunicado el año pasado que estaba buscando alternativas para insistir en una indemnización. Sin embargo, se habría desistido de esa idea”, publica El Mercurio.
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