Pese a no garantizar que ya no habrán actos de violencia en el Cusco, el presidente de esa región, Hugo Gonzales Sayán, exigió al gobierno que “rectifique” su decisión de retirar a la Ciudad Imperial como subsede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec).
Para ello, invocó al Acuerdo Nacional que actúe como “mediador” a fin de entablar el diálogo con el Ejecutivo.
“Pedimos la inmediata rectificación, somos Patrimonio Cultural de la Humanidad, somos punto obligado en cualquier visita. Queremos ser sede del Apec”, enfatizó Gonzales, tras justificar que las protestas en el Cusco se desencadenaron por la ley 29164, que promueve las inversiones en servicios turísticos, la cual, según ellos, atenta contra el patrimonio cultural.
Al ofrecer una conferencia de prensa en el Congreso, llamó la atención que Gonzales señalara que como presidente regional “no tiene la capacidad de impedir las movilizaciones, ni de evitar los conflictos”, aduciendo limitaciones legales. Incluso, dijo que “no puede marcar distancia” de los dirigentes de la Asamblea Regional del Cusco, como su coordinador, Efraín Yépez, quien promueve las protestas. Explicó que ellos tienen “legitimidad” y “legalidad”.
Junto a congresistas del Cusco, presentó en el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de servicios turísticos y la norma sobre licencias de edificación y remodelación de hoteles.
Para ello, invocó al Acuerdo Nacional que actúe como “mediador” a fin de entablar el diálogo con el Ejecutivo.
“Pedimos la inmediata rectificación, somos Patrimonio Cultural de la Humanidad, somos punto obligado en cualquier visita. Queremos ser sede del Apec”, enfatizó Gonzales, tras justificar que las protestas en el Cusco se desencadenaron por la ley 29164, que promueve las inversiones en servicios turísticos, la cual, según ellos, atenta contra el patrimonio cultural.
Al ofrecer una conferencia de prensa en el Congreso, llamó la atención que Gonzales señalara que como presidente regional “no tiene la capacidad de impedir las movilizaciones, ni de evitar los conflictos”, aduciendo limitaciones legales. Incluso, dijo que “no puede marcar distancia” de los dirigentes de la Asamblea Regional del Cusco, como su coordinador, Efraín Yépez, quien promueve las protestas. Explicó que ellos tienen “legitimidad” y “legalidad”.
Junto a congresistas del Cusco, presentó en el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de servicios turísticos y la norma sobre licencias de edificación y remodelación de hoteles.
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