El ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, extraditado el sábado desde Santiago de Chile bajo cargos de corrupción y violación de derechos humanos, dispone en su lugar de reclusión de cocina, comedor, baño privado, computadora, televisor y pisos alfombrados.
Sin embargo, a pesar de esas comodidades, el ex mandatario, de 69 años, sufrió ayer a la madrugada un cuadro de hipertensión moderada y, por eso, era controlado frecuentemente por el personal médico del establecimiento penitenciario transitorio, informó el Ministerio de Justicia.
Fujimori pasó su primera noche detenido en una dependencia de 190 metros cuadrados, en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes), en el distrito de Ate Vitarte, al este de Lima, donde permanecerá por tres semanas. Después, será trasladado al Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios, en el Callao, aledaño a Lima.
El sitio donde actualmente está alojado consta de una sala con dos muebles, un dormitorio con televisor, un baño privado y otro cuarto para los agentes del Ianstituto Nacional Penitenciario.
Fuera de la sede policial, unos 240 efectivos resguardan el perímetro donde el ex gobernante permanecerá recluido. Las fuerzas de seguridad cumplen labores de vigilancia para garantizar el orden y la seguridad en los exteriores del recinto.
Objeciones
La recusación del presidente de la Sala Penal Especial que juzgará a Fujimori, César San Martín, podría ser el primer objetivo de la defensa del ex presidente, según anticipaban medios periodísticos limeños. La defensa de Fujimori, a cargo de César Nakasaki, ya logró en 2006 que San Martín fuera apartado en otro caso que involucraba a Fujimori, con el argumento de que fue asesor del estudio de abogados del ex procurador anticorrupción José Ugaz.
Por su parte, la abogada de derechos humanos, Gloria Cano, advirtió que Fujimori podría usar los videos grabados por su ex asesor Vladimiro Montesinos, y que tendría en su poder, para obtener ventajas en los procesos que se les seguirán. Según la jurista, quien representará a los familiares de las 25 personas que murieron en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, esas presiones podrían dirigirse contra personas vinculadas al Poder Judicial. (DPA-Reuter)
Sin embargo, a pesar de esas comodidades, el ex mandatario, de 69 años, sufrió ayer a la madrugada un cuadro de hipertensión moderada y, por eso, era controlado frecuentemente por el personal médico del establecimiento penitenciario transitorio, informó el Ministerio de Justicia.
Fujimori pasó su primera noche detenido en una dependencia de 190 metros cuadrados, en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes), en el distrito de Ate Vitarte, al este de Lima, donde permanecerá por tres semanas. Después, será trasladado al Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios, en el Callao, aledaño a Lima.
El sitio donde actualmente está alojado consta de una sala con dos muebles, un dormitorio con televisor, un baño privado y otro cuarto para los agentes del Ianstituto Nacional Penitenciario.
Fuera de la sede policial, unos 240 efectivos resguardan el perímetro donde el ex gobernante permanecerá recluido. Las fuerzas de seguridad cumplen labores de vigilancia para garantizar el orden y la seguridad en los exteriores del recinto.
Objeciones
La recusación del presidente de la Sala Penal Especial que juzgará a Fujimori, César San Martín, podría ser el primer objetivo de la defensa del ex presidente, según anticipaban medios periodísticos limeños. La defensa de Fujimori, a cargo de César Nakasaki, ya logró en 2006 que San Martín fuera apartado en otro caso que involucraba a Fujimori, con el argumento de que fue asesor del estudio de abogados del ex procurador anticorrupción José Ugaz.
Por su parte, la abogada de derechos humanos, Gloria Cano, advirtió que Fujimori podría usar los videos grabados por su ex asesor Vladimiro Montesinos, y que tendría en su poder, para obtener ventajas en los procesos que se les seguirán. Según la jurista, quien representará a los familiares de las 25 personas que murieron en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, esas presiones podrían dirigirse contra personas vinculadas al Poder Judicial. (DPA-Reuter)
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