Guillermo Dávila Mendoza, el falso taxista que asaltaba a sus pasajeros con un desarmador, fue recluido esta noche en el penal de San Juan de Lurigancho.
En horas de la tarde, la titular de 23º Juzgado Penal de Lima, María Tarrillo, abrió instrucción con orden de detención y dispuso el embargo preventivo de los bienes de Dávila Mendoza.
El autoapertorio es por el supuesto delito de robo agravado en perjuicio de nueve personas, todas mujeres a quienes antes de despojarlas de sus pertenencias las golpeaba con un desarmador.
En tanto, Marco Antonio Esquén, abogado de Dávila, precisó que su defendido está perturbado y debería ser declarado inimputable de cualquier delito.
Adelantó que solicitará una evaluación psicológica para demostrar el desequilibrio emocional y mental de su patrocinado.
"La evaluación psicológica es para demostrar que no se encontraba en uso pleno de sus facultades o en un estado emocional normal. De acuerdo a nuestro ordenamiento, eso lo convierte en inimputable", agregó.
"No es conciente de su realidad, por lo tanto la pena que debería aplicársele es un tratamiento psicológico", culminó Esquén
La disposición de la jueza Tarrillo se dio el pasado sábado, cuando la referida magistrada estuvo a cargo del Juzgado Penal de Turno Permanente. Entonces tomó la generales ley a Dávila Mendoza y ordenó sea internado en la carceleta del Poder Judicial, a fin que las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario dispongan su reclusión en un centro penitenciario de Lima.
Al abrir instrucción, la jueza aceptó las diligencias solicitadas por el Ministerio Público, entre ellas peritajes psicológicos y siquiátricas al encausado y las testimoniales y actuaciones judiciales que permitan esclarecer el proceso penal.
En vista que Tarrillo Morante no tiene competencia para investigar procesos con reos en cárcel, el expediente fue remitido a la Mesa de Partes a fin que- vía el método aleatorio- se designe al juzgado que asumirá el caso.
En horas de la tarde, la titular de 23º Juzgado Penal de Lima, María Tarrillo, abrió instrucción con orden de detención y dispuso el embargo preventivo de los bienes de Dávila Mendoza.
El autoapertorio es por el supuesto delito de robo agravado en perjuicio de nueve personas, todas mujeres a quienes antes de despojarlas de sus pertenencias las golpeaba con un desarmador.
En tanto, Marco Antonio Esquén, abogado de Dávila, precisó que su defendido está perturbado y debería ser declarado inimputable de cualquier delito.
Adelantó que solicitará una evaluación psicológica para demostrar el desequilibrio emocional y mental de su patrocinado.
"La evaluación psicológica es para demostrar que no se encontraba en uso pleno de sus facultades o en un estado emocional normal. De acuerdo a nuestro ordenamiento, eso lo convierte en inimputable", agregó.
"No es conciente de su realidad, por lo tanto la pena que debería aplicársele es un tratamiento psicológico", culminó Esquén
La disposición de la jueza Tarrillo se dio el pasado sábado, cuando la referida magistrada estuvo a cargo del Juzgado Penal de Turno Permanente. Entonces tomó la generales ley a Dávila Mendoza y ordenó sea internado en la carceleta del Poder Judicial, a fin que las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario dispongan su reclusión en un centro penitenciario de Lima.
Al abrir instrucción, la jueza aceptó las diligencias solicitadas por el Ministerio Público, entre ellas peritajes psicológicos y siquiátricas al encausado y las testimoniales y actuaciones judiciales que permitan esclarecer el proceso penal.
En vista que Tarrillo Morante no tiene competencia para investigar procesos con reos en cárcel, el expediente fue remitido a la Mesa de Partes a fin que- vía el método aleatorio- se designe al juzgado que asumirá el caso.
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